Las estadísticas van por detrás de la realidad, la catástrofe ya está aquí. Grandes sectores de la población perdieron de la noche a la mañana sus ingresos. Los trabajadores más precarios no pueden salir a ganarse el sustento. Recurren a las ONG y centros de ayuda para obtener comida para sus familias. Los parados registrados alcanzaron en abril los 3,7 millones. Se desconoce cuantos trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hay, pero ADECCO estima 4 millones, además de 1,5 millones de autónomos con prestaciones. Es decir cerca de 9 millones de desocupados, o sea entre el 35% y el 40% de la población activa. Trabajo ha dicho que el SEPE solo ha procesado hasta ahora 620.000 trabajadores en ERTE para pagar las prestaciones en mayo. En pueblos y ciudades de España ni el estado, ni las administraciones locales, ni las autonómicas, demuestran capacidad asistencial para hacer frente a esta situación.
Las medidas del Gobierno son una burla. Postergación en la renta de los pisos, aplazamiento de las cuotas de la seguridad social y ayuda de 600 euros para autónomos que en su gran mayoría son trabajadores sin regularizar y por tanto sin derecho al paro. El atraso en los pagos por parte de la Seguridad Social han agravado la situación de todos los sujetos a los ERTE. El Escudo Social anunciado por el vicepresidente Pablo Iglesias es un plan de rescate de los capitalistas, que se libran de pagar los sueldos a sus trabajadores, que se encuentran inactivos por fuerza mayor.
La desaceleración económica se ha convertido en parálisis. El Gobierno prepara la desescalada del confinamiento, que es su estrategia de lucha contra la pandemia Covid-19, para asegurar a la brevedad posible la reanudación de las ganancias empresariales. Una estrategia iniciada con terribles desaciertos. Afirmando que los casos no llegarían a España. Incapaz de dotar a los trabajadores sanitarios de equipos de protección, mascarillas y guantes a la población, respiradores a las UCI de los hospitales, o suficientes test rápidos para detectar a los contagiados asintomáticos en la población. Esta estrategia ha costado hasta ahora más de 23.000 vidas, cifra que de acuerdo con los datos comparativos interanuales podría representar un tercio del total real. Es decir, un 0,15% de la población, proporcionalmente más que en Italia con 60 millones de habitantes.
El Gobierno garantizó hasta último momento la salud de las empresas, retrasando medidas de preservación de la salud de la población, como la paralización de la actividad no esencial, argumentando que la pandemia no llegaría a España. El Gobierno está hundido en la misma contradicción que los gobiernos capitalistas a escala global. El confinamiento de la población genera una crisis del capital porque éste no puede extraer ganancia de los trabajadores. Desnuda la propia esencia del sistema capitalista. La riqueza la produce el trabajo humano y no el capital. El gobierno “progresista” reanudó la actividad no esencial -suspendida el 31 de marzo- el 13 de abril para pasar por encima de esta contradicción. Las consecuencias de esta medida, desaconsejada por los científicos, no se sabrán hasta final de mes. Atrapado en una contradicción insalvable, porque su misión última no es preservar la vida de los trabajadores sino al capitalismo, el Gobierno se juega su supervivencia.
Pedro Sánchez y su gabinete han apelado a la unidad en la “guerra” contra la Covid-19. Pero esto es un ardid político destinado a presionar a la oposición y frenar sus ataques. Tratan de explotar en su favor el sentimiento popular, porque los trabajadores viven esta crisis como una inmensa tragedia que se debe enfrentar de forma solidaria mediante la acción colectiva. Muy por el contrario el Gobierno y la oposición lo que tratan de dirimir son los métodos con los cuales se van a preservar los intereses de los capitalistas.
Para los trabajadores y los sectores marginados de la sociedad no hay unidad posible con los patrones ante la pandemia, porque la medida decisiva para la preservación de su vida atenta contra los intereses de los capitalistas: el cese de toda actividad no esencial. Por eso combaten incluso con la huelga en los centros de trabajo por medidas de protección. Sánchez e Iglesias han ido más allá en su intento de superar la inmensa debilidad del gobierno, que depende del voto de aliados contradictorios y oposición. Para superar esta situación han propuesto unos nuevos Pactos de la Moncloa, como en 1977, en un intento de sostener al Gobierno en medio de la catástrofe.
La clave de este acuerdo, el PP, ha rechazado el envite a una negociación a puerta cerrada, y ha exigido que esta se haga en una comisión en el Congreso. Los nuevos Pactos de la Moncloa murieron antes de nacer y se han convertido en una comisión parlamentaria para intentar un “acuerdo para la reconstrucción nacional”. Sánchez y sus ideólogos armaron un guión con el objetivo de adornarse con el supuesto prestigio de la “transición democrática”. Pasaron por alto que en 1977 la legislatura encabezada por Adolfo Suarez se apoyaba en 165 escaños de UCD que no necesitaron ningún acuerdo de mayoría, porque era una legislatura constituyente. Esos pactos fueron la llave para que el régimen del 78 se pudiera posar sobre el cadáver de las luchas obreras entregadas por el Partido Comunista, CCOO y finalmente UGT.
Estamos en una situación histórica radicalmente distinta. Las ilusiones de progreso económico y social dentro de la monarquía bajo la forma de una democracia parlamentaria se han disipado totalmente. La crisis de 2008 se ocupó de dejar claro que la supervivencia del sistema se basa en el sacrificio de los trabajadores, de sus derechos, y supone precariedad y desempleo. Los trabajadores nunca recuperaron los niveles salariales ni de ocupación previos a esa crisis. Se agravaron las condiciones de explotación con el aplastamiento de los sueldos, brotaron los falsos autónomos y los empleos temporales, a tiempo parcial, precarios y sin derechos. Con la sanidad pública roída por los recortes presupuestarios. Es en este contexto que se ha descargado la nueva crisis.
Ésta ha llegado hasta el último confín de la tierra, con el agravante de que a la lucha por las condiciones de vida se suma la lucha por la supervivencia de los trabajadores ante una pandemia para la que aun no hay prevención con una vacuna. No estamos ante “problemas españoles”, se trata de un proceso mundial de destrucción de capital ficticio alimentado de forma desenfrenada mediante la acción de los bancos centrales desde 2008, en un intento fracasado de superar la caída en la tasa de beneficio del capital. La aplicación de la misma receta, la inyección de liquidez en el sistema, no servirá para nada, no estamos ante una crisis de demanda. Son las propias relaciones capitalistas de producción las que han estallado por la Covid-19 con la paralización de la producción, del comercio mundial, del turismo. La destrucción de capital ficticio va a desembocar en una cascada de quiebras de empresas, y competencia feroz entre capitalistas, expresada además como tendencia a la guerra por la proyección internacional de los intereses de los estados.
Estas contradicciones atraviesan a la Unión Europea (UE). El Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar que las quiebras de empresas se trasladen a los bancos. Los estados europeos apelan a la deuda para financiar la crisis de la Covid-19 y su expresión económica, entrando en el territorio de una crisis de deuda soberana. Los choques de los intereses antagónicos entre los estados capitalistas de la zona del euro impedirán una acción financiera común contra la Pandemia y la crisis del capital. Una vez más los países con mayor desarrollo y concentración de capital impondrán su medicina a los eslabones más débiles de la cadena como España e Italia, quienes al mismo tiempo son los más afectados por la pandemia. La amenaza de disolución de la UE ha resurgido con fuerza tras la crisis que ha desembocado en la salida del Reino Unido.
Mientras el PP y el PSOE llevaron el debate sobre un acuerdo para la reconstrucción económica ‘pospandemia’ al Congreso. Pablo Casado y sus huestes pretenden romper la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, para crear un gobierno de concentración, es decir una coalición que tenga como eje un pacto entre los dos partidos mayoritarios. Pero la misma idea de un pacto para la reconstrucción económica es un fraude. En primer lugar porque la pandemia está lejos de haberse acabado, y mientras ello no ocurra no hay condiciones para la reconstrucción. Este año no habrá temporada turística en España. Eso quiere decir que en 2020 dejarán de entrar 148.000 millones de euros, y se perderán solo en ese sector 2,62 millones de empleos. El Turismo supone el 12,3% del producto interior bruto del país. Lo que se prepara tiene dimensiones colosales. El despliegue de la crisis recién ha comenzado, y los planes sociales de contingencia pensados para el estado de alarma se deberán prorrogar sin que existan recursos para hacerlo.
Para poder plantearse una reconstrucción económica, primero la nación debe reanudar la producción, y esto está sujeto al control de la Covid-19 y no de los partidos burgueses. Un intento de reanudar la producción sin haber superado la pandemia corre el riesgo de chocar contra la resistencia de los trabajadores. Por otro lado una reconstrucción capitalista en condiciones de una depresión económica de mayor magnitud que la desencadenada tras el crack de 1929 supone primero una brutal destrucción de medios de producción, desocupación masiva y agudización de la crisis social y política. Por lo tanto lo que está en disputa es bajo qué dirección se va a desarrollar lo que queda de la lucha contra la Covid-19 y la reconstrucción económica. Si se hará bajo los intereses capitalistas o bajo la dirección de los trabajadores.
En este contexto nada puede sustituir a la actividad independiente de los trabajadores en su lucha por superar las limitaciones que impone el capital a la preservación de la salud, el empleo, la sanidad pública y las condiciones de vida y trabajo. De lo que se trata es de la organización de los trabajadores en un frente propio de lucha al margen de los intereses del capital. Los sindicatos han corrido en socorro de los intereses de las patronales promoviendo los ERTE y apoyando a un Gobierno que ha decidido “aplanar la curva” de la pandemia sin aportar los elementos fundamentales para llevar a buen puerto el fin de la enfermedad.
Es necesario organizar las medidas de seguridad contra la Covid-19 en cada lugar de trabajo mediante comités de salud que impongan sus protocolos para la seguridad sanitaria en los centros de trabajo. Se deben ocupar las empresas que cierren por la crisis para ponerlas a producir bajo control obrero. La sanidad pública debe quedar sujeta a una centralización y control por comités de trabajadores de la sanidad. Los trabajadores en ERTE deben percibir un salario mínimo de 1200 euros con cargo a las ganancias de los empresarios. Se deben repatriar los recursos de las empresas en los paraísos fiscales. Hay que nacionalizar el crédito y centralizarlo en el Banco de España bajo el control de los trabajadores. Se debe poner a producir a las empresas farmacéuticas y de equipamiento sanitario bajo un plan determinado por la sanidad bajo control de los trabajadores. Hay que tomar la dirección de la lucha contra la Covid-19 para impedir que se subordine la salud de los trabajadores a los intereses capitalistas.
